El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó de inmediato, denunciando las acciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU como “una gravísima violación del Derecho Internacional” y parte de una “política de agresión” que busca legitimar una operación de “cambio de régimen”. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió sobre las graves consecuencias para su país si se desata una “actividad violenta de agentes de la CIA” en la nación vecina. La autorización a la CIA y la consideración de ataques terrestres marcan un endurecimiento de la postura de Washington, que ha optado por un enfoque más confrontacional tras el fracaso de los intentos de diálogo.