El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, calificando la ciudad como una “zona de guerra”, lo que desató un enfrentamiento con el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago. La tensión escaló cuando Trump pidió públicamente el encarcelamiento de ambos líderes demócratas por oponerse a la medida. La decisión de enviar un contingente inicial de 200 efectivos militares, de un total de 500, a Chicago se justificó desde la Casa Blanca como una respuesta a la inseguridad y una medida para proteger a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, apoyó esta narrativa al afirmar en una entrevista que Chicago es una “zona de guerra literal”. Sin embargo, la medida fue recibida con una fuerte oposición por parte de las autoridades locales.
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ambos demócratas, calificaron el despliegue como una “invasión inconstitucional” y presentaron una demanda para detenerlo. Una jueza federal, April M. Perry, bloqueó temporalmente la movilización de las tropas al considerar que no existían “pruebas creíbles” de un riesgo de “rebelión”.
La confrontación se intensificó cuando Trump, en declaraciones públicas, afirmó que Pritzker y Johnson deberían ser encarcelados por no proteger a los agentes federales y oponerse al despliegue. Este enfrentamiento se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump de utilizar la fuerza federal en ciudades gobernadas por demócratas, como Portland y Washington D.C., bajo el pretexto de restaurar el orden y aplicar con mano dura las leyes de inmigración.
En resumenEl despliegue de la Guardia Nacional en Chicago representa una escalada significativa en el conflicto entre la administración Trump y los gobiernos locales demócratas. La medida, justificada como una operación de seguridad, ha sido denunciada como una extralimitación del poder federal y una táctica de intimidación política, abriendo un debate sobre los límites constitucionales y la militarización de la política interna.