Estas acciones han generado una crisis diplomática con Venezuela y Colombia, y han suscitado debates sobre su legalidad.

El presidente Donald Trump confirmó personalmente la realización de al menos cinco “ataques cinéticos letales” contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe, a las que calificó como afiliadas a organizaciones terroristas y dedicadas al narcotráfico. Según los informes, estas operaciones, ejecutadas por el Ejército estadounidense desde agosto, han dejado un saldo de al menos 27 muertos.

Trump justificó las acciones argumentando que cada lancha transportaba drogas suficientes para “matar a 25.000 personas”.

La ofensiva ha provocado una enérgica condena por parte de Venezuela, que calificó los bombardeos como una “agresión directa” y aseguró que las víctimas eran pescadores locales. El gobierno de Nicolás Maduro solicitó una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar lo que considera una amenaza a la paz regional. La tensión escaló cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó tener “indicios” de que una de las lanchas destruidas era colombiana y llevaba ciudadanos de su país. Esta declaración provocó una respuesta de la Casa Blanca, que la calificó de “infundada y reprochable” y exigió una retractación pública. Sin embargo, un informe de The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, corroboró la presencia de colombianos entre las víctimas. Organizaciones de derechos humanos y senadores demócratas han cuestionado la legalidad de los ataques, señalando que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales al no existir un conflicto armado declarado.