La tensión aumentó cuando Trump pidió que tanto el gobernador como el alcalde fueran encarcelados por oponerse al despliegue y por “no proteger a los agentes de ICE” durante las protestas contra las redadas migratorias. El conflicto llegó a los tribunales, donde una jueza federal bloqueó temporalmente el despliegue al considerar que no existían “pruebas creíbles” de un riesgo de “rebelión”. Además, Trump ha considerado invocar la Ley de Insurrección de 1807, una medida centenaria que le permitiría extender el control militar sobre los ciudadanos y desplegar tropas sin el consentimiento de las autoridades estatales.