La medida, justificada como una acción para combatir la criminalidad y apoyar operativos migratorios, ha sido rechazada por las autoridades locales y ha enfrentado bloqueos judiciales.

Trump autorizó el envío de 300 soldados de la Guardia Nacional a Chicago a pesar de la fuerte oposición del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien acusó al gobierno federal de intentar “sembrar el caos”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la decisión afirmando en Fox News que Chicago es “una zona de guerra”. El presidente ha ido más allá, pidiendo el encarcelamiento del alcalde de Chicago y del gobernador de Illinois por oponerse al despliegue y ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección, una norma centenaria que le permitiría extender el poder militar sobre los ciudadanos. Estas acciones han provocado batallas legales, destacándose el fallo de la jueza federal Karin Immergut, quien bloqueó temporalmente el despliegue en Portland, Oregón, argumentando que “esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial” y que no existían pruebas de un intento organizado para derrocar al gobierno. Los despliegues están directamente vinculados con la intensificación de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las protestas ciudadanas en contra de estas, creando un clima de confrontación entre los gobiernos federal y locales.