El gobierno de Nicolás Maduro denunció estas acciones ante la ONU como una amenaza de “ataque armado”, mientras Washington justifica sus operaciones como una lucha contra el narcotráfico. El ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos cuatro ataques contra embarcaciones en el Caribe, causando la muerte de más de 21 personas, bajo el argumento de que se trataba de narcotraficantes vinculados a Maduro. En respuesta, Venezuela solicitó una sesión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el embajador Samuel Moncada advirtió sobre un posible ataque en el “corto plazo”.

Nicolás Maduro ordenó ejercicios militares permanentes y llamó a los civiles a unirse a la reserva, declarando: “Si los gringos atacan, responderemos”.

En un giro revelador, un informe del New York Times expuso que el gobierno de Maduro había ofrecido en secreto a la administración Trump una participación dominante en los sectores petrolero y minero de Venezuela, incluyendo la ruptura de lazos energéticos con China, Rusia e Irán, a cambio del levantamiento de sanciones.

Sin embargo, la oferta fue rechazada por Washington, que posteriormente suspendió todo contacto diplomático.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Maduro de “líder ilegítimo y fugitivo de la justicia estadounidense”, consolidando una política de máxima presión.