Esta medida se suma a una serie de gravámenes impuestos a productos de socios comerciales clave como Canadá, México y Brasil, generando tensiones diplomáticas y económicas.

La Casa Blanca justificó el arancel a los camiones por razones de “seguridad nacional”, argumentando que busca proteger a fabricantes estadounidenses. Sin embargo, la medida afecta principalmente a México, que es el mayor proveedor de este tipo de vehículos a Estados Unidos, representando el 80% de las importaciones. El gobierno mexicano ha expresado su oposición, destacando que gran parte del contenido de esos camiones es de origen estadounidense y debería estar exento bajo el acuerdo T-MEC (USMCA). La Cámara de Comercio de EE.

UU. advirtió que la tarifa perjudicará a países aliados.

En paralelo, las relaciones con Canadá también se han visto afectadas por aranceles sobre el acero y el aluminio. Aunque el primer ministro Mark Carney se reunió con Trump para discutir la situación, el presidente estadounidense se mostró dispuesto a negociar pero sin ofrecer concesiones. Asimismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una conversación telefónica con Trump para solicitar la eliminación de aranceles punitivos del 50% sobre productos brasileños, impuestos en represalia por la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump. Estas acciones reflejan la continuación de una ofensiva proteccionista que ha marcado el mandato de Trump, buscando fortalecer la producción nacional bajo la política “Made in America”.