La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la decisión afirmando que Chicago es efectivamente “una zona de guerra”. Trump ha ido más allá, pidiendo el encarcelamiento del gobernador Pritzker y del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, por oponerse al despliegue y no proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La ofensiva se ha topado con resistencia judicial; una jueza federal en Portland bloqueó temporalmente el despliegue de tropas en Oregón, argumentando que no existían “pruebas creíbles” de un riesgo de “rebelión” y que “la determinación del presidente simplemente no se ajusta a los hechos”. La jueza Karin Immergut afirmó: “Esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”. El gobierno de Trump también ha explorado invocar la Ley de Insurrección, una norma centenaria que le permitiría usar fuerzas armadas dentro del país para restaurar el orden, lo que ha intensificado las acusaciones de que busca militarizar la política interna y reprimir la disidencia en bastiones demócratas.