Estas operaciones han provocado una grave crisis diplomática con Venezuela y Colombia, cuyos gobiernos denuncian una agresión que amenaza la paz y la soberanía regional.

Desde septiembre de 2025, fuerzas estadounidenses han ejecutado al menos cinco ataques con misiles contra embarcaciones civiles, resultando en la muerte de más de 21 personas, calificadas por Washington como “narcoterroristas”.

El presidente Trump ha defendido estas acciones, afirmando que los ataques han sido “tan exitosos que no quedan más botes en esa zona del Caribe” y sugiriendo que las operaciones podrían extenderse a tierra.

El gobierno venezolano, liderado by Nicolás Maduro, ha solicitado una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, acusando a EE. UU. de usar la lucha antidrogas como pretexto para “apoderarse de las reservas petroleras del país” e imponer un “gobierno títere”.

En respuesta, Maduro ha ordenado ejercicios militares permanentes.

La tensión escaló cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó tener “indicios” de que una de las lanchas bombardeadas era colombiana y transportaba a sus connacionales. La Casa Blanca calificó la declaración de “infundada y reprochable”, exigiendo una retractación pública. Petro se negó y, a cambio, solicitó a Washington que revelara la identidad de las víctimas. Posteriormente, The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, confirmó que había colombianos a bordo de al menos una de las embarcaciones destruidas.

Más de 60 ONG han denunciado los ataques como “ejecuciones extrajudiciales”.