La administración ha calificado a los miembros de los cárteles como “combatientes ilegales”, lo que le permitiría aplicar las leyes de la guerra en lugar de los estándares de la aplicación de la ley nacional o internacional. Esta reclasificación tiene como objetivo legitimar acciones letales, como el bombardeo de embarcaciones sospechosas de narcotráfico, enmarcándolas como actos de guerra y no como asesinatos extrajudiciales. La medida ha sido criticada por algunos legisladores demócratas como una extralimitación del poder ejecutivo, ya que la Constitución otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra. Esta nueva doctrina legal sustenta la agresiva estrategia antidrogas de Trump, que incluye el despliegue de buques de guerra y fuerzas especiales en el Caribe, particularmente en zonas cercanas a Venezuela.