El presidente incluso declaró que ambos funcionarios deberían ser encarcelados por oponerse a sus políticas.

La medida se enmarca en una ofensiva más amplia contra las llamadas “ciudades santuario”, que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Sin embargo, esta estrategia de militarización ha enfrentado obstáculos legales.

En Portland, Oregón, una jueza federal bloqueó temporalmente un despliegue similar, argumentando que “la determinación del presidente simplemente no se ajusta a los hechos” y que Estados Unidos es “una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”. Pritzker, por su parte, acusó a la administración de intentar “sembrar el caos” para justificar una mayor intervención federal.