La administración Trump ha intensificado las operaciones militares en el mar Caribe, justificándolas como una ofensiva contra el narcotráfico. Estos operativos, que incluyen el bombardeo de embarcaciones, han elevado la tensión con países de la región, especialmente Venezuela y Colombia. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó la ejecución de un “ataque letal y cinético” contra una presunta “narcolancha” afiliada a organizaciones terroristas, resultando en la muerte de cuatro personas. Este es el quinto operativo de este tipo desde septiembre, elevando el total de fallecidos a más de veinte.
El presidente Trump no solo confirmó los ataques, sino que sugirió que las operaciones podrían extenderse a tierra, afirmando que “ya no quedan embarcaciones” y que “ahora tendremos que empezar a buscar por tierra”.
En respuesta, Venezuela ha activado el “Plan Independencia 200” y ha denunciado el despliegue de ocho buques de guerra y un submarino nuclear estadounidense como una “amenaza” para forzar un “cambio de régimen”.
Organizaciones no gubernamentales han calificado los ataques de “ejecuciones extrajudiciales”.
Para dar un marco legal a estas acciones, Trump notificó al Congreso que EE.
UU. se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles, lo que le permitiría actuar bajo las leyes de la guerra.
En resumenLa ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe, enmarcada como una guerra contra los cárteles de la droga, ha resultado en ataques letales y ha exacerbado las tensiones geopolíticas. Esta escalada ha provocado una respuesta militar de Venezuela y la condena de líderes regionales y organizaciones de derechos humanos.