El presidente Trump ha intensificado su pulso con las ciudades gobernadas por demócratas, autorizando el despliegue de la Guardia Nacional y considerando invocar la Ley de Insurrección. Estas acciones, justificadas como una respuesta a la anarquía y el crimen, han sido calificadas por la oposición como un abuso de poder autoritario y una militarización de la política interna. La Casa Blanca ha ordenado el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional en ciudades como Chicago y Portland, en contra de la voluntad de las autoridades locales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida afirmando que Chicago es "una zona de guerra", una retórica que ha sido fuertemente criticada por el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien acusó a los republicanos de "sembrar el caos". La ofensiva de Trump va más allá, pues su administración analiza invocar la Ley de Insurrección, un instrumento legal centenario que le permitiría extender el poder y el control militar sobre los ciudadanos para sofocar disturbios. El propio presidente afirmó: "Tenemos una ley de insurrección por una razón.
Si tuviera que aplicarla, lo haría".
Estas medidas han encontrado resistencia legal.
En Portland, Oregón, la jueza federal Karin Immergut bloqueó temporalmente el despliegue militar, argumentando que la determinación del presidente "simplemente no se ajusta a los hechos" y que "esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial". El gobernador de California, Gavin Newsom, también criticó el uso de la Guardia Nacional de su estado en Oregón, calificándolo como un acto de poder en el que se usa a los militares "como peones políticos".
En resumenLa estrategia del presidente Trump de desplegar fuerzas federales en ciudades demócratas y la posible invocación de la Ley de Insurrección han generado una fuerte confrontación política y legal. Mientras la Casa Blanca defiende estas acciones como necesarias para restaurar el orden, sus opositores y parte del poder judicial las ven como una extralimitación autoritaria que amenaza el equilibrio de poderes.