El presidente Trump ha calificado la situación como una "oportunidad sin precedentes" para reestructurar el aparato estatal, amenazando con despidos masivos y recortes permanentes en agencias que considera de "tendencia demócrata". En una declaración, Trump afirmó: "Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles... como despedir a una gran cantidad de personas, o cortar cosas que a ellos les gustan". El impacto económico es considerable, con estimaciones que cifran las pérdidas en 400 millones de dólares diarios y una posible reducción del PIB de 0,2 puntos porcentuales por cada semana de parálisis.

Las consecuencias sociales son igualmente graves, afectando a entre 750.000 y 800.000 empleados federales que se encuentran en suspensión temporal ('furlough') o trabajando sin remuneración.

El cierre también ha provocado el cese de operaciones en parques nacionales, museos y ha generado demoras masivas en los aeropuertos del país debido a la falta de personal, como controladores aéreos. Ambos partidos se culpan mutuamente; el líder demócrata Chuck Schumer acusa a los republicanos de crear una "crisis de salud inadmisible", mientras la Casa Blanca insiste en que "los demócratas cerraron los servicios del Estado".