Sin embargo, la administración Trump argumentó que las condiciones en Venezuela ya no justificaban la continuación del TPS y anunció su cancelación. La decisión de la Corte Suprema ratificó una orden judicial previa de mayo, permitiendo a la Casa Blanca avanzar en la terminación definitiva de estas protecciones. La jueza progresista Ketanji Brown Jackson expresó su disidencia por escrito, calificando la resolución como “otro grave uso indebido de nuestro expediente de emergencia” y advirtiendo que la Corte estaba permitiendo al gobierno “perturbar tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible”.

Con este fallo, los beneficiarios del TPS quedan expuestos a la deportación, ya que las protecciones para unos 350.000 de ellos vencieron en abril y para otros 250.000 expirarán en noviembre.