Estas medidas buscan limitar la inmigración legal y priorizar a los trabajadores estadounidenses, según la Casa Blanca. Una de las reformas más impactantes fue la introducción de la “Visa Integrity Fee”, un nuevo cargo obligatorio de 250 dólares que se suma a la tarifa consular tradicional. Como resultado, el costo de una visa de turismo y negocios (B1/B2) aumentó de 185 a 435 dólares a partir del 1 de octubre de 2025. Este incremento también afectó a otras categorías, como las visas de trabajo H-1B, para las cuales se impuso una tarifa de 100.000 dólares por cada nueva solicitud, en un claro intento de disuadir a las empresas de contratar talento extranjero. Además, se estableció una nueva normativa que obliga a los solicitantes a realizar sus trámites de visa exclusivamente en las embajadas o consulados de su país de residencia, eliminando la flexibilidad de gestionarlos en terceros países para acortar los tiempos de espera. Esta medida afecta a turistas, estudiantes y trabajadores temporales, en un contexto donde los tiempos de espera en muchos países latinoamericanos ya superan los 12 meses. Estas políticas han generado preocupación por su posible impacto en el turismo y los negocios, especialmente ante eventos como la Copa Mundial de 2026, que podría ver dificultada la entrada de miles de visitantes extranjeros.