El gobierno de EE.

UU. calificó las palabras de Petro como “imprudentes e incendiarias”.

La decisión no solo afectó al presidente, sino que también se extendió a altos funcionarios de su gobierno, como el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, a quienes también se les cancelaron sus visados. La situación provocó una ola de renuncias simbólicas en el gabinete colombiano como señal de solidaridad. La canciller Rosa Villavicencio fue la primera en anunciar que renunciaba voluntariamente a su visa, un gesto que fue seguido por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. El presidente Petro acusó a Washington de violar el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática, y la Cancillería colombiana sugirió la posibilidad de trasladar la sede de la ONU a un país “neutral”. La tensión se vio agravada por las críticas de Petro a las operaciones militares de EE. UU. en el Caribe y por la preocupación de Washington sobre la política de paz y la lucha antidrogas del gobierno colombiano, llegando a poner en duda el apoyo a la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.