En respuesta, el gobierno de EE.

UU. anunció la cancelación de su visado. Petro reaccionó acusando a Washington de violar el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática, y afirmó que podría ingresar a Estados Unidos con su ciudadanía europea (italiana).

La situación escaló rápidamente cuando altos funcionarios colombianos mostraron su respaldo. La canciller Rosa Villavicencio fue la primera en anunciar la renuncia a su visa, calificándolo como un "acto de dignidad". A ella se unieron el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, y la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Además de las renuncias voluntarias, se informó que Estados Unidos también canceló activamente las visas de otros funcionarios, como el ministro de Minas, Edwin Palma, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quienes formaron parte de la delegación en Nueva York.

Este episodio sin precedentes ha tensado al máximo las relaciones bilaterales, históricamente basadas en una estrecha cooperación.