Para respaldar esta ofensiva, Estados Unidos ha desplegado una considerable fuerza militar en la región, que incluye ocho buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y más de 4.500 soldados. La declaración de un "conflicto armado", notificada al Congreso, busca proporcionar un marco legal a estas operaciones, aunque ha sido cuestionada por legisladores demócratas por no contar con la autorización del Congreso para el uso de fuerza letal en aguas internacionales. Esta escalada ha provocado una fuerte reacción diplomática, especialmente por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha calificado los ataques como "asesinatos" y a las víctimas como "jóvenes pobres del Caribe tratando de sobrevivir económicamente", rechazando la etiqueta de "narcoterroristas" utilizada por Washington. Petro ha contrastado los métodos estadounidenses con los de la Armada colombiana, que, según él, incauta grandes cantidades de droga "sin matar a nadie".