Wendy Young, directora de Kids in Need of Defense, señaló que la medida “socava las leyes” que garantizan un debido proceso y protección a los menores vulnerables. Dalia Castillo-Granados, de la Academia de Derecho de Inmigración Infantil, advirtió que “ofrecer dinero a los niños genera muchas preocupaciones dada la posición vulnerable en la que se encuentran”. Esta política es vista como una extensión de los esfuerzos de la administración para incentivar la autodeportación, pero es la primera vez que se ofrecen incentivos financieros directos a niños, sentando un precedente que ha encendido las alarmas en la comunidad de derechos humanos.