Esta política ha provocado una fuerte reacción internacional. El gobierno de Venezuela ha denunciado las acciones como una “amenaza militar” y una “provocación”. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha condenado los ataques calificándolos de “asesinato”, argumentando que las víctimas no son “narcoterroristas” sino “jóvenes pobres del Caribe tratando de sobrevivir económicamente”.