El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago y Portland, una medida que ha justificado como necesaria para combatir la criminalidad pero que ha sido recibida con fuerte oposición local y bloqueos judiciales. La Casa Blanca informó que Trump autorizó el envío de 300 soldados a Chicago con el objetivo de “proteger a los funcionarios y activos federales”. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia de militarizar la respuesta a las protestas y la delincuencia en ciudades que el presidente ha descrito como “devastadas por la guerra” y enfrentando una “invasión interna”. La justificación principal ha sido la protección de instalaciones federales, en particular las sedes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ante manifestaciones que en ocasiones se han tornado violentas.
Sin embargo, la medida ha encontrado una resistencia significativa. En Portland, Oregón, una jueza federal bloqueó temporalmente una orden de despliegue similar, lo que representa un revés judicial para la Casa Blanca. Además, el estado de Oregón y la ciudad de Portland presentaron una demanda conjunta contra la administración Trump, calificando la intervención de “provocadora y arbitraria”. Autoridades locales, como el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, también han manifestado sus objeciones.
Críticos argumentan que estas acciones rompen con la tradición estadounidense que prohíbe el uso de militares en asuntos domésticos y las consideran un espectáculo político para proyectar una imagen de fuerza.
En resumenLa orden de Trump de desplegar la Guardia Nacional en Chicago y Portland para, según él, controlar la criminalidad y proteger activos federales ha intensificado el conflicto entre el gobierno federal y las administraciones locales demócratas. La medida ha sido calificada de militarización y ha enfrentado bloqueos judiciales, evidenciando una profunda división sobre el uso de fuerzas militares en el ámbito doméstico.