La administración Trump había intentado poner fin a esta protección para los venezolanos desde 2021, argumentando que las condiciones que originaron la designación ya no justificaban su continuidad. La disputa legal llegó hasta la máxima instancia judicial, que finalmente falló a favor del gobierno.

La decisión afecta a una población considerable; los artículos mencionan cifras que suman cientos de miles de personas, con protecciones que para 350.000 beneficiarios vencieron en abril y para otros 250.000 se vencerán en noviembre. Mientras el litigio continúa en tribunales inferiores, la luz verde de la Corte Suprema deja a estos migrantes en un limbo legal, expuestos a ser deportados una vez que sus permisos expiren. Organizaciones de la comunidad venezolana han denunciado la medida, advirtiendo sobre las consecuencias humanitarias de devolver a estas personas a un país que sigue enfrentando una profunda crisis.