Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia se vieron gravemente afectadas después de que el Departamento de Estado revocara la visa del presidente Gustavo Petro. La medida fue una respuesta directa a las declaraciones de Petro durante una manifestación en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Trump en relación con el conflicto en Gaza. El incidente ocurrió el 26 de septiembre, cuando Petro, tras su participación en la Asamblea General de la ONU, se unió a una protesta pro-Palestina en Times Square. Con un megáfono, el mandatario colombiano pidió a los militares de EE.
UU. “no apuntar contra la humanidad sus fusiles” y a “desobedecer la orden de Trump”.
En respuesta, el gobierno estadounidense calificó sus acciones como “imprudentes e incendiarias” y procedió a cancelar su visado.
La reacción de Petro fue contundente: “Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a EE.
UU.
No me importa”, declaró, argumentando que posee ciudadanía europea y puede ingresar con una autorización ESTA.
Además, acusó a Washington de romper “todas las normas de inmunidad” que protegen a los jefes de Estado en la ONU y sugirió que la sede del organismo debería trasladarse a un país neutral. La crisis se profundizó cuando otros altos funcionarios colombianos, como la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda Germán Ávila, renunciaron a sus propias visas en un gesto de solidaridad.
A su vez, se conoció que EE.
UU. también canceló las visas del ministro de Minas, Edwin Palma, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quienes acompañaron a Petro en Nueva York.
En resumenLa revocación de la visa del presidente Petro por parte de Estados Unidos marcó un punto de quiebre en la relación bilateral, transformando un desacuerdo sobre política exterior en una crisis diplomática de alto nivel. La medida, justificada por Washington como una respuesta a la incitación a la desobediencia militar, fue interpretada por Colombia como una violación a la soberanía y la libertad de expresión, desencadenando una serie de acciones de protesta simbólica por parte del gabinete colombiano.