El gobierno de Estados Unidos experimentó un cierre parcial de sus operaciones a partir del 1 de octubre, debido a la falta de un acuerdo presupuestario en el Congreso entre republicanos y demócratas. Esta parálisis administrativa, la primera en casi siete años, afectó a cientos de miles de empleados federales y generó incertidumbre sobre la continuidad de servicios no esenciales en todo el país. El estancamiento se produjo al finalizar el año fiscal sin una prórroga de los presupuestos, lo que obligó a múltiples departamentos y agencias federales a suspender sus actividades. La causa principal del desacuerdo fue la insistencia de los demócratas en restituir fondos para programas de atención médica como el Affordable Care Act (Obamacare), una condición que los republicanos, liderados por el presidente Trump, rechazaron.
Como consecuencia, unos 750.000 empleados federales fueron enviados a casa sin sueldo, mientras que trabajadores esenciales, como controladores aéreos y agentes de seguridad, continuaron en sus puestos sin recibir pago.
El cierre también implicó la clausura de parques nacionales, museos y oficinas públicas. El presidente Trump calificó la situación como una “oportunidad sin precedentes” y una “oportunidad de oro”, y anunció que se reuniría con su director de presupuesto para determinar qué “agencias demócratas” podría recortar o desmantelar de forma temporal o permanente.
Además, amenazó con despidos masivos, afirmando: “Vamos a despedir a muchas personas que se verán muy afectadas, y serán demócratas”.
Esta postura politizó aún más la crisis, que según la Oficina de Presupuesto del Congreso podría costar 400 millones de dólares diarios en salarios no pagados y reducir el crecimiento del PIB.
En resumenEl cierre del gobierno federal evidenció la profunda división partidista en Washington, con consecuencias económicas y sociales significativas para los empleados públicos y la ciudadanía. La administración Trump utilizó la parálisis no solo como una herramienta de negociación, sino como una oportunidad para avanzar en su agenda de reestructuración del Estado, amenazando con recortes y despidos dirigidos a sus opositores políticos.