Esta declaración busca proporcionar un marco legal para justificar operaciones militares directas, calificando a los miembros de estos grupos como “combatientes ilegales”. Esta notificación confidencial, enviada a varios comités del Congreso, representa un cambio drástico en la política estadounidense y ofrece una justificación legal para las recientes y controvertidas operaciones militares en el mar Caribe, que incluyeron el hundimiento de varias embarcaciones y la muerte de al menos 17 personas. Al calificar a los carteles como “grupos armados no estatales” cuyos actos equivalen a un ataque contra Estados Unidos, la administración Trump argumenta que sus acciones se enmarcan en el derecho de los conflictos armados, y no como procedimientos policiales o asesinatos extrajudiciales. La medida se apoya en la designación previa de organizaciones como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y el Cártel de los Soles —presuntamente vinculado al gobierno venezolano— como organizaciones terroristas. Según el Pentágono, los carteles se han vuelto “más armados, mejor organizados y violentos”, causando “la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año”.

Sin embargo, la decisión ha generado críticas entre legisladores demócratas, quienes cuestionan que el presidente no haya solicitado la autorización del Congreso para declarar la guerra, un poder que la Constitución reserva al legislativo. Esta declaración formal consolida el derecho de Trump a ejercer “poderes extraordinarios en tiempos de guerra” para enfrentar una amenaza que la administración considera de seguridad nacional.