Desde finales de agosto, la administración Trump intensificó su presencia en la región con el despliegue de al menos ocho buques de guerra, un submarino nuclear y miles de soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. En este marco, el Pentágono confirmó la destrucción de al menos cinco lanchas rápidas en aguas internacionales cercanas a Venezuela, operativos que dejaron un saldo de más de 20 fallecidos. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificó a las víctimas como “narcoterroristas” y advirtió que “estas operaciones continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense”. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro denunció un “acoso militar” y la incursión de aviones de combate estadounidenses en su espacio aéreo, lo que puso en riesgo un vuelo comercial. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que el país se preparaba para un eventual enfrentamiento, incluyendo el entrenamiento militar de civiles. La situación generó reacciones en la región; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó duramente las acciones de Washington, calificándolas de “asesinato” y afirmando que en las lanchas no viajaban “narcoterroristas”, sino “jóvenes caribeños pobres”. Petro cuestionó la desproporcionalidad del uso de misiles y señaló que los verdaderos capos del narcotráfico se encuentran en Estados Unidos y Europa.