La acusación, que se produce tras una intensa presión pública del presidente, es vista por los críticos como una politización del sistema judicial para perseguir a un adversario político.

Los cargos contra Comey se derivan de su testimonio ante el Congreso en septiembre de 2020, relacionado con la investigación sobre los presuntos vínculos de la campaña de Trump en 2016 con Rusia. La imputación fue anunciada días después de que Trump exigiera públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que actuara contra Comey y otros de sus adversarios políticos, quejándose de que "no se está haciendo nada".

El propio Comey reaccionó declarándose inocente y afirmando: “Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un precio”.

El exdirector del FBI, a quien Trump despidió en 2017, se ha convertido en uno de los críticos más prominentes del presidente.

Líderes demócratas como Hakeem Jeffries calificaron la imputación como "un ataque vergonzoso al estado de derecho". La fiscal a cargo del caso, Lindsey Halligan, es una exabogada personal de Trump, lo que ha intensificado las acusaciones de que el Departamento de Justicia opera como un "apéndice de la Casa Blanca", socavando su independencia.