En septiembre de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que describe a Antifa como "una empresa militarista y anarquista que explícitamente llama al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos".

El decreto instruye a las agencias federales a "investigar, desmantelar y disrumpir" cualquier operación asociada con el movimiento.

Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia de la administración para combatir lo que denomina "terrorismo doméstico", que también incluye el despliegue de tropas en ciudades como Portland. La decisión se basa en la premisa de que Antifa es una organización estructurada, una afirmación que es ampliamente disputada, ya que el término generalmente se refiere a una red descentralizada y difusa de activistas antifascistas. Los críticos argumentan que la ambigüedad de la designación es peligrosa, pues permite al gobierno perseguir posturas ideológicas en lugar de actos criminales específicos. Al declarar terrorista a un concepto, se abre la puerta para que cualquier persona que se oponga al gobierno, independientemente de su afiliación, pueda ser etiquetada como "terrorista doméstico", convirtiendo el disenso en un acto potencialmente criminal.