Por su parte, Comey se declaró inocente y afirmó que enfrentarse a Trump “tiene un precio”, pero que confía en el sistema judicial. La decisión ha generado una fuerte controversia, ya que la fiscal que llevó el caso, Lindsey Halligan, es una exabogada personal de Trump y fue nombrada recientemente para el cargo después de que el fiscal anterior dimitiera tras concluir que no existían pruebas suficientes para imputar a Comey.

Este hecho ha sido denunciado por líderes demócratas como un “ataque vergonzoso al estado de derecho” y un intento de “convertir nuestro sistema judicial en un arma para castigar y silenciar a sus críticos”. La medida evidencia la creciente presión de Trump sobre el Departamento de Justicia para investigar a sus oponentes, lo que plantea serias dudas sobre la independencia de la institución.

Si es declarado culpable, Comey podría enfrentar hasta cinco años de prisión.