La imputación fue impulsada por Lindsey Halligan, una fiscal federal recién nombrada que anteriormente fue abogada personal de Trump.

Su predecesor, Erik Siebert, había dimitido tras concluir que no existían pruebas suficientes para presentar cargos.

En respuesta, Comey se declaró inocente y afirmó en un video: “Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump”.

Líderes demócratas, como Hakeem Jeffries, condenaron la imputación como “un ataque vergonzoso al estado de derecho” y una muestra de “corrupción maligna”, acusando a Trump de intentar “convertir nuestro sistema judicial en un arma para castigar y silenciar a sus críticos”. La fiscal general, Pam Bondi, defendió la acción, declarando que “nadie está por encima de la ley”.

De ser declarado culpable, Comey podría enfrentar hasta cinco años de prisión.