El Departamento de Estado de EE.

UU. calificó estas declaraciones como “imprudentes e incendiarias”, justificando así la revocatoria.

Entre los funcionarios afectados se encuentran el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez. En respuesta, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Hacienda Germán Ávila y el secretario jurídico Augusto Ocampo, entre otros, anunciaron que renunciaban voluntariamente a sus visas como un “acto de dignidad” y en defensa de la soberanía nacional. El presidente Petro reaccionó afirmando que la medida no le importaba, ya que posee ciudadanía europea y puede viajar con el permiso ESTA. Además, argumentó que la acción estadounidense viola las normas de inmunidad diplomática que protegen a los jefes de Estado en eventos de la ONU y propuso debatir un cambio de sede para la organización. La controversia ha generado preocupación en Colombia por las posibles repercusiones en la relación bilateral, que es clave en temas de cooperación, comercio y política exterior.