El estancamiento político, conocido como 'shutdown', se originó por profundas diferencias ideológicas en torno al gasto público.

La Casa Blanca, a través de la Oficina de Administración y Presupuesto, culpó a los demócratas de forzar el cierre debido a sus “descabelladas exigencias políticas”, que incluían “un billón de dólares en nuevos gastos”. Por su parte, los líderes demócratas en el Senado y la Cámara, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, respectivamente, condicionaron su apoyo a la renovación de los subsidios para seguros de salud del programa Obamacare y a la reversión de recortes en Medicaid. La última votación en el Senado no alcanzó los 60 votos necesarios para aprobar una ley de financiación provisional, lo que condujo a la paralización.

Como consecuencia, alrededor de 750.000 empleados federales considerados “no esenciales” fueron suspendidos temporalmente de sus labores, mientras que el personal esencial, como las tropas militares, continuó trabajando sin recibir sueldo. El presidente Trump advirtió que su administración podría despedir permanentemente a “muchos” trabajadores públicos, una medida que se aparta de la práctica habitual de pagar los salarios pendientes una vez finalizado el cierre. Este es el decimocuarto cierre en la historia de Estados Unidos y el segundo durante la presidencia de Trump, tras el de 2018-2019, que duró 35 días y generó pérdidas económicas estimadas en 11.000 millones de dólares. Analistas advierten que cada semana de cierre podría reducir el crecimiento del PIB en 0,2 puntos porcentuales.