La acusación, que incluye cargos de perjurio y obstrucción a la justicia, se produce tras una intensa presión pública del presidente para que se investigara a sus adversarios políticos. Los cargos se derivan del testimonio que Comey ofreció ante el Congreso el 30 de septiembre de 2020, en relación con la investigación sobre los presuntos vínculos de la campaña presidencial de Trump en 2016 con Rusia. La imputación alega que Comey mintió bajo juramento y obstruyó una investigación del Congreso. Este desarrollo legal ocurre después de que el presidente Trump exigiera públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que actuara contra Comey y otros opositores. Tras conocerse la noticia, Trump celebró la decisión, calificando a Comey como "uno de los peores seres humanos".

Por su parte, Comey se declaró inocente y afirmó que la acusación es una represalia política. "Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un precio", declaró, añadiendo que mantenía su fe en el sistema judicial. La imputación ha generado controversia, en parte porque la fiscal federal a cargo del caso, Lindsey Halligan, fue abogada personal de Trump y fue designada recientemente después de que el fiscal anterior, Erik Siebert, dimitiera tras concluir que no había pruebas suficientes para presentar cargos. Demócratas en el Congreso han condenado la acción como un "ataque vergonzoso al estado de derecho".