La decisión se produjo como respuesta a las declaraciones del mandatario durante una manifestación en Nueva York, consideradas por Washington como "imprudentes e incendiarias". La controversia se originó después de que el presidente Petro, en el marco de una protesta pro-palestina en Nueva York, instara públicamente a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump con respecto a la guerra en Gaza. El Departamento de Estado de EE.

UU. reaccionó con rapidez, anunciando la revocación del visado a través de sus canales oficiales, justificando la medida por lo que calificaron como "acciones temerarias e incendiarias". La respuesta del presidente Petro fue desafiante; afirmó que la decisión no le importaba, ya que posee ciudadanía europea y puede ingresar a Estados Unidos con una autorización ESTA. Además, acusó a Washington de violar el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática que protegen a los jefes de Estado durante su asistencia a la Asamblea General de la ONU, llegando a proponer que la sede de la organización debería trasladarse fuera de Nueva York. La crisis diplomática se profundizó con gestos de solidaridad dentro del gobierno colombiano.

Varios altos funcionarios, incluyendo la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el ministro de Hacienda Germán Ávila, anunciaron su renuncia voluntaria a sus propias visas estadounidenses. Otros, como el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, vieron sus visas directamente revocadas por las autoridades estadounidenses.

Este incidente marca un punto de quiebre en la relación bilateral, que ya se encontraba tensa por desacuerdos en temas como la política antidrogas y la postura frente a conflictos internacionales.