Además, autorizó “el uso de toda la fuerza, si fuera necesario”, sin ofrecer más detalles. La decisión se produce en un contexto de intensificación de la ofensiva de la administración contra activistas de izquierda y tras protestas en las que manifestantes han bloqueado instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este despliegue sigue a movilizaciones similares en Los Ángeles y Washington D.C., realizadas contra la voluntad de los líderes demócratas locales.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, afirmó que “no hay insurrección, no hay amenaza a la seguridad nacional y no hay necesidad de tropas militares en nuestra ciudad”. De manera similar, el alcalde de Portland, Keith Wilson, calificó la medida de “indeseada, innecesaria y antiamericana”, y agregó que “el número de tropas necesarias es cero”. Las autoridades locales temen una repetición de los enfrentamientos ocurridos en el verano de 2020. Críticos como el senador Ron Wyden han calificado la decisión como una “toma autoritaria de Portland con la esperanza de provocar un conflicto”.