La medida, que carece de una base legal clara para un movimiento descentralizado, ha sido criticada por defensores de derechos civiles como un intento de reprimir la disidencia política. La decisión fue anunciada por la Casa Blanca como una respuesta a la supuesta violencia ejercida por el movimiento, al que Trump describió como una red “militarista y anarquista” que busca derrocar al gobierno.

Antifa, abreviatura de “antifascista”, no es una organización formal con líderes o estructura, sino un movimiento difuso de activistas de izquierda cuyo objetivo es oponerse al fascismo y al supremacismo blanco.

Su versión moderna en Estados Unidos resurgió con fuerza tras la elección de Trump en 2016.

La designación como grupo terrorista faculta a las autoridades para investigar y sancionar a cualquier persona que actúe en nombre del movimiento.

Críticos y expertos legales advierten que esta clasificación es problemática. El FBI ha señalado que Antifa es más una ideología que un grupo organizado, lo que dificulta su catalogación. Además, defensores de derechos civiles sostienen que la medida podría violar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y asociación, y temen que pueda ser utilizada para perseguir a opositores políticos bajo la etiqueta de “Antifa”. Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia de la administración para reprimir la disidencia, especialmente tras el asesinato de Kirk, que Trump ha utilizado para culpar a la “izquierda radical”.