El movimiento de Trump se alinea con su postura de mano dura contra el crimen y su defensa de la pena de muerte a nivel federal, una práctica que fue reactivada bajo su primer mandato tras una larga moratoria. La medida ha sido recibida con críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y opositores a la pena capital, quienes argumentan que es un retroceso en materia de derechos humanos y que no ha demostrado ser un disuasivo eficaz contra el crimen. Por otro lado, los defensores de la orden la ven como una herramienta necesaria para impartir justicia en los casos más graves. La implementación de esta directiva dependerá ahora de los fiscales federales en la capital, quienes deberán evaluar cada caso para determinar si solicitan la máxima pena según los criterios establecidos en la ley.