Trump acusa al movimiento de ejercer violencia contra la libertad de expresión y de buscar derrocar al gobierno estadounidense. La orden ejecutiva firmada por el presidente faculta a las autoridades para investigar y sancionar a cualquier persona que actúe en nombre de Antifa, a pesar de que se trata de un movimiento descentralizado, sin líderes formales ni una estructura organizativa clara. El término Antifa, abreviatura de “antifascista”, agrupa a activistas de izquierda cuyo objetivo principal es oponerse al fascismo, al supremacismo blanco y a la extrema derecha.

Sus raíces se remontan a los grupos que enfrentaban a los fascistas en Europa en la década de 1930, y su versión moderna en EE. UU. resurgió con fuerza tras la elección de Trump en 2016. Los críticos del movimiento señalan la disposición de algunos de sus miembros a usar la violencia, como en los enfrentamientos en Berkeley en 2017. Sin embargo, sus defensores argumentan que sus tácticas son de “autodefensa” frente a la violencia histórica de grupos fascistas. La designación de Trump abre un debate legal, ya que expertos señalan que catalogar una ideología difusa como organización terrorista podría entrar en conflicto con la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y asociación. Esta medida es vista por muchos como un gesto político que refleja la creciente polarización en Estados Unidos.