Estas acciones, defendidas por Washington como una lucha contra el narcoterrorismo, han sido calificadas por Venezuela y Colombia como una violación del derecho internacional y una amenaza para la paz regional.

El presidente Trump ha adoptado un tono beligerante, advirtiendo directamente a los traficantes: “A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires”.

Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos tres o cuatro embarcaciones, causando la muerte de entre 14 y 17 personas.

Washington justifica estos ataques letales como parte de su estrategia para desmantelar redes como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, que acusa de ser liderado por Nicolás Maduro.

Sin embargo, esta narrativa es fuertemente disputada.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció ante la ONU que las víctimas no eran narcotraficantes, sino "simples jóvenes pobres" y migrantes, pidiendo un proceso penal contra Trump por los ataques.

En respuesta, Venezuela ha realizado sus propios ejercicios militares, ha acusado a EE.

UU. de librar una “guerra no declarada” y evalúa declarar un "estado de conmoción exterior".

La organización Human Rights Watch se sumó a las críticas, calificando los bombardeos como "ejecuciones extrajudiciales".