En una serie de mensajes, Trump escribió en mayúsculas: “DEBE HACERSE JUSTICIA, ¡¡¡YA!!!”.

Posteriormente, se dirigió a Bondi de manera personal: “Pam: he revisado más de 30 declaraciones y publicaciones... pura palabrería y nada de acción”.

El presidente nombró explícitamente a quienes considera que deben ser procesados: el exdirector del FBI, James Comey; el senador Adam Schiff; y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien lideró un exitoso caso de fraude en su contra.

“Son todos culpables, pero no pasa nada”, se quejó Trump.

Esta presión pública coincide con la renuncia del fiscal federal de Virginia, Erik Siebert, quien investigaba a James y Comey sin encontrar pruebas suficientes.

Trump afirmó haberlo despedido y, horas después, nominó para el cargo a Lindsey Halligan, una asesora legal de la Casa Blanca a quien describió como una “abogada leal”. La nominación de Halligan, quien carece de experiencia como fiscal, es vista como un intento de colocar a una figura leal en una posición clave del sistema de justicia. Este episodio es considerado por los críticos como un ataque directo a la independencia judicial y una muestra de la intención de Trump de utilizar el Departamento de Justicia como un instrumento para castigar a sus enemigos políticos.