Aunque algunos de sus miembros han participado en actos violentos, el movimiento en sí tiene una identidad poco definida. La medida es vista por los críticos como un intento de criminalizar la disidencia política y de utilizar las herramientas de la lucha antiterrorista contra un movimiento ideológico doméstico, lo que podría tener serias implicaciones para las libertades civiles y el derecho a la protesta en Estados Unidos. La ley actual, además, no permite fácilmente la designación de grupos domésticos como organizaciones terroristas de la misma manera que se hace con grupos extranjeros.