Esta acción representa un acto de injerencia en el Departamento de Justicia con pocos precedentes, generando un fuerte debate sobre la independencia del poder judicial. En una serie de publicaciones, Trump expresó su impaciencia escribiendo en mayúsculas: “DEBE HACERSE JUSTICIA, ¡¡¡YA!!!”.

Luego, se dirigió directamente a Bondi: “Pam: he revisado más de 30 declaraciones y publicaciones... pura palabrería y nada de acción”.

El presidente nombró explícitamente a sus objetivos, entre ellos el exdirector del FBI James Comey, el senador Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, declarando: “Son todos culpables, pero no pasa nada”. Este hecho se produjo tras la renuncia del fiscal federal de Virginia, Erik Siebert, quien investigaba a James y Comey sin encontrar pruebas. Trump afirmó haber despedido a Siebert y anunció su intención de nominar a Lindsey Halligan, una asesora legal de la Casa Blanca a la que describió como una “abogada leal”, para el puesto, a pesar de su falta de experiencia como fiscal. Varios artículos comparan esta injerencia con la era del Watergate y subrayan la preocupación por la erosión de la separación de poderes.