Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te vamos a cazar!”.

Esta ofensiva está respaldada por un importante despliegue militar del Comando Sur, que incluye ocho buques de guerra, un submarino nuclear y cazas furtivos F-35B enviados a Puerto Rico.

El gobierno venezolano ha condenado enérgicamente estas operaciones, calificándolas de "asesinatos", "crímenes de lesa humanidad" y una "guerra no declarada", y ha solicitado una investigación formal ante la ONU. La organización Human Rights Watch también se ha pronunciado, calificando los bombardeos como "ejecuciones extrajudiciales", mientras que senadores demócratas han exigido a la Casa Blanca explicaciones sobre la legalidad de usar fuerza letal en lugar de intentar detenciones.