El proyecto busca establecer un marco legal para que las fuerzas armadas estadounidenses realicen operaciones en aguas internacionales y territorios extranjeros contra organizaciones designadas como “narco-terroristas”. Esta categoría incluiría no solo a los carteles mexicanos, sino también a grupos como el Tren de Aragua de Venezuela y organizaciones colombianas como las disidencias de las Farc-EP y el ELN. La propuesta amplía la definición de “actividad narco-terrorista”, vinculándola con cualquier amenaza a la seguridad nacional de EE.

UU. que tenga relación con el narcotráfico.

Paralelamente, el Departamento de Estado está preparando justificaciones legales para estas acciones, que desafiarían normativas internacionales que exigen la aprobación del país afectado o un aval del Consejo de Seguridad de la ONU para una intervención militar. Los defensores del proyecto argumentan que proporcionaría la flexibilidad necesaria para neutralizar amenazas de manera rápida y efectiva. Sin embargo, los críticos advierten sobre los graves riesgos diplomáticos, la posibilidad de víctimas civiles y una erosión de los controles democráticos sobre el uso de la fuerza. La propuesta ha dividido al Congreso y su eventual aprobación marcaría un cambio drástico en la política de seguridad de Washington para la región, reminiscentes de la doctrina del “gran garrote”.