UU. formalizó la medida en un memorando enviado al Congreso, donde también se descertificó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela.

El documento critica duramente la gestión de Petro, afirmando que “sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”. A pesar de la contundencia de la decisión, la Casa Blanca aplicó una exención o “waiver” por “interés nacional”, lo que permite que la asistencia militar y la cooperación bilateral continúen sin interrupciones inmediatas. No obstante, esta exención eleva la exigencia sobre metas y verificación de resultados en los próximos 12 meses.

El embajador encargado de EE. UU. en Bogotá, John McNamara, especificó que Washington revisará tres indicadores clave: una reducción “urgente y decisiva” de los cultivos ilícitos, un incremento en las incautaciones y el restablecimiento de las extradiciones de narcotraficantes. El presidente Petro reaccionó enérgicamente, calificando la medida de “injusticia” y “grosería”, y ordenó suspender la compra de armamento estadounidense, declarando el fin de la “dependencia”. El mandatario colombiano argumentó que la responsabilidad recae en los países consumidores y defendió los resultados de su gobierno en incautaciones, que alcanzaron cifras récord.