El presidente Donald Trump ha amenazado con declarar una emergencia nacional y tomar el control federal de la policía de Washington D.C., en respuesta a la decisión de la alcaldesa demócrata Muriel Bowser de cesar la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta confrontación directa entre el gobierno federal y la capital del país escala las tensiones sobre políticas migratorias y de seguridad. La controversia surgió después de que la alcaldesa Bowser informara al gobierno federal que el Departamento de Policía Metropolitana ya no cooperaría con el ICE en la “expulsión y reubicación de migrantes ilegales peligrosos”. En una publicación en su red Truth Social, Trump advirtió que si permitiera que esto sucediera, “el crimen volvería con fuerza”.
Y añadió: “¡Si es necesario declararé una emergencia nacional y federalizaré!”.
Esta amenaza se produce después de que en agosto, el presidente ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en la capital para combatir la delincuencia, una medida que, según él, ha transformado a D.C. de una de las ciudades más peligrosas a una de las más seguras.
La Ley de Autonomía del Distrito limita la capacidad del presidente para intervenir en asuntos locales, aunque le permite desplegar la Guardia Nacional en emergencias. La amenaza de federalizar la policía local representa una escalada significativa, que se suma a la estrategia de Trump de intervenir en ciudades gobernadas por demócratas, como Memphis, a la que también planea enviar fuerzas federales para combatir el crimen.
En resumenLa amenaza de Trump de declarar una emergencia nacional en Washington D.C. evidencia su disposición a utilizar el poder federal para anular las políticas de gobiernos locales que se oponen a su agenda, especialmente en materia de inmigración. Esta confrontación pone de relieve la profunda división política del país y plantea interrogantes sobre los límites de la autoridad presidencial y la autonomía local.