Esta medida forma parte de una ofensiva de la Casa Blanca contra lo que denomina “terrorismo interno” de la “izquierda radical”, a la cual responsabiliza directamente por la creciente violencia política en el país. El presidente describió a Antifa en sus redes sociales como “un desastre de la izquierda, peligroso y enfermo”, y afirmó que se debería realizar una investigación exhaustiva sobre sus fuentes de financiación. La decisión de catalogar a este movimiento, una red difusa de activistas de izquierda que se definen como antifascistas, como una organización terrorista es una medida que Trump ya había amenazado con implementar durante su primer mandato. El contexto de este anuncio es la profunda polarización que vive Estados Unidos, exacerbada por el asesinato de Kirk. La administración Trump ha utilizado este suceso para consolidar su narrativa de que la violencia política es un problema exclusivo de la izquierda, buscando con ello movilizar a su base y justificar medidas de seguridad más estrictas. La designación oficial permitiría al gobierno federal utilizar herramientas legales y de inteligencia, normalmente reservadas para grupos terroristas extranjeros, contra ciudadanos estadounidenses asociados con Antifa. Críticos de la medida argumentan que Antifa no es una organización jerárquica con una estructura definida, sino un movimiento descentralizado, lo que complica su designación legal. Además, expresan su preocupación por las implicaciones que esta clasificación podría tener para la libertad de expresión y el derecho a la protesta, temiendo que pueda ser utilizada para reprimir a disidentes políticos.