El presidente Donald Trump ha implementado una drástica reforma en el sistema de visas para trabajadores calificados, firmando una proclamación que exige a las empresas pagar una tarifa de 100.000 dólares por cada empleado extranjero contratado bajo el programa de visas H-1B. Esta medida se complementa con la creación de un nuevo esquema de “visas doradas” para atraer a inversionistas millonarios, delineando una política migratoria de doble vía: restrictiva para el talento especializado y abierta para el gran capital. La nueva tarifa para las visas H-1B, destinadas a profesionales en áreas como tecnología, ingeniería y ciencias, fue justificada por la Casa Blanca como un mecanismo para frenar el “abuso” del programa y proteger los empleos de los ciudadanos estadounidenses.
Trump declaró: “Basta de traer extranjeros a ocupar nuestros empleos”.
La medida generó una reacción inmediata y negativa del sector tecnológico, que depende históricamente de este visado para atraer talento global y ha advertido sobre una posible “fuga de talento hacia Europa o Asia”. Expertos legales también cuestionaron la legalidad de la proclamación. Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Americano de Inmigración, la calificó como “casi con certeza ilegal”, argumentando que el Congreso solo autoriza tarifas para cubrir costos de procesamiento, no para limitar el uso de una visa. Simultáneamente, Trump introdujo la “Tarjeta Dorada Trump”, una ‘golden visa’ que otorgaría residencia a extranjeros que realicen una contribución de un millón de dólares. Además, se anunció la “Tarjeta Platino Trump” por cinco millones de dólares, que ofrece beneficios fiscales. Esta dualidad en la política migratoria ha sido interpretada como un esfuerzo por redefinir el perfil del inmigrante deseado por la administración: menos enfocado en las habilidades profesionales y más en la capacidad de inversión económica.
En resumenLa administración Trump ha reconfigurado su política migratoria al imponer una costosa barrera para los trabajadores calificados con la visa H-1B, mientras abre una vía rápida para inversionistas adinerados a través de las nuevas “visas doradas”. Esta estrategia ha sido criticada por su posible ilegalidad y por el riesgo de socavar la competitividad del sector tecnológico estadounidense.