Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te vamos a cazar!”.

El despliegue militar se ha reforzado con el envío de cazas F-35B a Puerto Rico, considerados de los más avanzados del arsenal estadounidense, lo que subraya la seriedad de la operación. El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado categóricamente la narrativa de Washington, insistiendo en que la lucha antinarcóticos es un pretexto para forzar un “cambio de régimen”. La fiscalía venezolana ha calificado los ataques como “crímenes de lesa humanidad” y ha solicitado una investigación de la ONU, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha denunciado una “guerra no declarada”. Organizaciones como Human Rights Watch han intervenido, calificando los bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales” y advirtiendo que la lucha contra las drogas no puede ser una excusa para violar los derechos humanos.

La situación ha generado una profunda inestabilidad en la región, con Venezuela realizando sus propias maniobras militares en respuesta y acusando a Estados Unidos de asediar su soberanía.